Programa federal de vivienda: revisado y ampliado

El objetivo del programa Mi Casa, Mi Vida 2 es la construcción de dos millones de viviendas hasta el 2014, corrigiendo los errores que surgieron en la primera etapa del programa

El mes pasado, la presidenta Dilma Rousseff anunció el Programa Mi Casa, Mi Vida 2, cuyo ambicioso objetivo es construir más de dos millones de viviendas con una inversión, hasta el 2014, de 71 700 millones de reales, de los cuales 62 200 provenientes del presupuesto general de la Unión y 9500, del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS). Esta es la continuación del programa Mi Casa, Mi Vida, lanzado en el 2009, por el que se contrató la construcción de 1 005 128 viviendas, involucrando a 1076 empresas y 125 entidades.

El objetivo principal del programa es reducir el déficit habitacional del país, que, de acuerdo con la Fundación João Pinheiro, llegaba a casi 6 millones en el 2009. Mi Casa, Mi Vida 2 incluye algunos cambios, tales como: un 60 % de las viviendas destinadas a familias con ingresos mensuales de hasta 1395 reales y la posibilidad de firmar contratos con jefas de familia, con el ingreso requerido por el programa, sin la firma del cónyuge, es decir, las mujeres no tendrán que regularizar su estado civil para adquirir una propiedad.

«El reto del programa es hacer lo que nunca antes se ha hecho en Brasil: construir para la capa de ingresos más bajos», dice Inês Magalhães, secretaria nacional de vivienda. La meta, según sus palabras, es la construcción de 1 200 000 viviendas para familias de bajísimos ingresos (hasta tres salarios mínimos), que tendrán derecho a una subvención total del gobierno, en comparación con las 400 000 de la primera versión del programa.

La fase 1 del programa enfrentó una serie de problemas, que, en esta nueva etapa, se resolverán con el perfeccionamiento de las reglas. A partir de este año, se otorgará la subvención una sola vez por beneficiario y por vivienda, con la creación de un registro de todas las personas que han sido asistidas por medio de políticas públicas de vivienda. «De este modo se evitará que alguien reciba más de una subvención del gobierno», explicó Inês Magalhães. El Ministerio también adoptará reglas para la liquidación anticipada de la deuda, que solo será permitido sin la subvención económica, además se prohíbe el traspaso de la propiedad o la cesión de la vivienda antes de la liquidación de la deuda.

Otros cambios en el programa son: la posibilidad de la construcción y explotación de unidades comerciales en proyectos de viviendas multifamiliares, a fin de prestar apoyo económico a las expensas del consorcio, y la posibilidad de construir en áreas con juicios de expropiación en trámite, en las operaciones de urbanización de asentamientos precarios. Todos estos cambios tienen por objeto acelerar el proceso de arrendamiento de terrenos para la construcción.

En esta nueva etapa, el Banco do Brasil participará en todas las modalidades del programa. En la fase anterior, solo participó en la financiación para las capas 2 (con ingresos de hasta 3100 reales) y 3 (con ingresos de hasta 5000 reales) del programa. A partir del próximo año, el banco trabajará también en la capa 1 (con ingresos de hasta 1600 reales).

Los cambios también incluyen la ampliación de la superficie construida para mejorar la accesibilidad, con puertas y ventanas más grandes, azulejos en todas las paredes de la cocina y el baño, baldosas cerámicas en todos los ambientes y sistemas de calentamiento de agua por energía solar en todas las casas.  En la fase 1, las casas tenían 35 m² y los departamentos, 42 m², ahora, en la segunda fase, las casas cuentan con 39,6 m2 y los departamentos miden 45,5 m².

Con estas medidas, el gobierno trata de mejorar una serie de obstáculos que no pudieron salvarse en la fase 1. Aunque tuvo resultados considerados positivos en el primer período, con una inversión de 53 200 millones de reales, generación de 665 000 puestos de trabajo y la entrega de viviendas que beneficiaron a 3 400 000 personas, el programa Mi Casa, Mi Vida (MCMV) enfrentó dificultades, especialmente en el proceso de asignación de viviendas a las familias con ingresos de hasta tres salarios mínimos, y la venta y el alquiler de las viviendas por parte de los beneficiarios.

En el caso de retrasos en la asignación a las familias, el diagnóstico del Ministerio de Ciudades es que los municipios no participaron en la medida de las necesidades en la implementación del programa, por lo que hubo dificultades en el registro y la selección de las familias y un insuficiente apoyo social —tanto antes como después de la entrega de la vivienda—, además de las dificultades operativas del banco Caixa Econômica Federal.

Subsanando las desviaciones
Para resolver estos problemas, el Ministerio de Ciudades y la Caixa celebraron reuniones con las municipalidades con proyectos que se están terminando, para exigir velocidad y renegociar los compromisos, dice Magalhães. Por otro lado, se llevó a cabo un trabajo social con mayores recursos y la participación obligatoria de la municipalidad. Para reducir los casos de venta y alquiler de las viviendas, la Caixa celebró un convenio con la Policía Federal, para promover una fiscalización más eficaz en los proyectos de MCMV y evitar una desviación de la finalidad.

En el caso de las dificultades en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los estados y municipios, la Caixa ha intensificado el seguimiento de los compromisos asumidos en la contratación, y se ha reunido con los ayuntamientos para exigir el cumplimiento de las responsabilidades.

Con respecto a las familias que ganan de 3 a 10 salarios mínimos, se verificó, según el Ministerio de Ciudades, una falta de capacidad operativa de la Caixa Econômica para absorber el aumento del apeo de las empresas. El diagnóstico es que hasta diciembre de este año 95 000 empresas se desvinculen del programa. Para subsanar este problema, se incrementará el número de corresponsales acreditados, con una remuneración variable en función del rendimiento, y se capacitará a los nuevos acreditados.

Otro problema recurrente fue el cobro, por parte de las empresas, de importes al margen del contrato de venta de la vivienda financiada, lo que dio lugar a que el Ministerio y la Caixa adoptaran medidas tales como la notificación a todas las empresas y corresponsales bancarios que trabajan con el programa, así como a CBIC y los Sinduscon, sobre las quejas y las consecuencias jurídicas derivadas de tal práctica.

También se celebró un convenio con el Consejo Federal de Agentes de Bienes Raíces para la inspección de las empresas inmobiliarias que comercializan las viviendas del programa MCMV.

Con respecto a la baja calidad de la construcción y la falta de infraestructura en los microproyectos de construcción no financiados por la Caixa, objeto de varias quejas, a partir de febrero de este año, se suspendió la contratación de proyectos construidos en calles no pavimentadas y se tomaron medidas complementarias en la contratación. «Ahora exigimos la anotación de responsabilidad técnica (ART) del proyecto y la ejecución, a los fines de la rendición de cuentas, además del informe de evaluación y la inclusión del dictamen complementario sobre la calidad de la vivienda», dijo la secretaria.

Según el Ministerio, también se establecieron los requisitos mínimos de infraestructura, las características de la construcción y la conexión a los servicios públicos, con la presentación de pruebas de que la propiedad está en el área urbana con vías de acceso y vías internas seguras y transitables.