PPPs: Cómo hacer inversiones públicas sin aumentar el endeudamiento

En Brasil, el mantenimiento de las ganancias reales de salarios aliada a las exoneraciones de costos y gastos sobre la producción desde la caída de intereses reales y de la TJLP hasta los impuestos incidentes sobre la nómina, y a la inminente reducción del costo de energía – mantienen la demanda calentada, componiendo un cuadro que estimula la retomada de las inversiones, tal como uno ya observa en la elevación de las tasas anualizadas de los indicadores de producción, que indican una tendencia de alta en los agregados de productos, existencias y renta esperados para 2013.

La aceleración de las ventas al final del año agotó las existencias, generando demanda por reposición de insumos en la cadena de producción y de mercancías en los puntos de menudeo, indicando otra presión potencial positiva por la retomada del producto. Y para las inversiones en la infraestructura, los bancos oficiales (BNDES y ahora CEF y BB) anuncian líneas para financiar las concesiones de carreteras, ferrocarriles y puertos – gracias a las alteraciones positivas en las políticas de concesión – y hasta la creación de un Fondo de Inversiones para participar, minoritariamente, en el capital de las SPE creadas en los sectores concesionados para catapultar inversiones y rescatar niveles de formación bruta de capital que resulten en sustentación al crecimiento de la economía sin gravar sus costos de transporte y logística de almacenaje y distribución.

Las entidades de control externo de la Unión, por otro lado, se preocupan con el aumento del endeudamiento de los estados y municipios denominados en moneda externa: tendencia que puede aumentar si confirmadas las expectativas de cambio de los indexadores de las deudas públicas pactadas bajo la Ley Complementar 101 (la Ley de Responsabilidad Fiscal), que por cierto requiere la revisión en coyuntura de caída de interés real para todos los otros agentes económicos.

En ese contexto, la inversión del sector público necesita ser reinventada, pues difícilmente se puede pensar en la expansión del ahorro público de capital sin una decisiva participación de la inversión pública realizada en todos los niveles del gobierno.

De modo complementar, es urgente incentivar la captación de recursos externos bajo la forma de capital de riesgo pues eses dos elementos – inversiones públicas y capital externo – son elementos siempre presentes en los ciclos de inversión con base en concesiones desde el inicio de la formación de capital en el país.

Con efecto, en la línea del tiempo, desde la época del segundo imperio hasta la época más reciente de las privatizaciones y de nueva expansión de todas las formas de concesión, la participación de capitales público y extranjero siempre estuvo presente: las concesiones al capital extranjero fueron determinantes para la creación de los servicios de interés público en los transportes de todo el orden (ferrocarriles, puertos y transporte urbano, que demandaban la energía también suministrada por empresas extranjeras), telecomunicaciones (como telefonía y telegrafía), gas, entre otros. Representaban más del 80% en la formación bruta de capital, sin embargo de la participación relevante de emprendedores locales como el Barón de Mauá.

Cuando la irrealidad arancelaria o la falta de una política pública en esa área fue degradada e hizo obsoletas las inversiones en la infraestructura, inviabilizando la participación del capital externo, el capital privado nacional aliado al capitalismo de Estado, en aquel entonces emergente, asumieron las concesiones. Los reajustes arancelarios y los  incentivos para la nacionalización de los  activos han rescatado los beneficios de las inversiones en infraestructura (no sin traumas como el rompecabezas de tranvías o el pago de las indemnizaciones por  las concesiones aún vigentes).

Cuando un nuevo ciclo de falta de inversiones dificultado por desfasajes arancelarias y por la hinchazón de las estructuras de administración, asociado al endeudamiento para compensar pérdida de ingresos, resultó en el ciclo de desestatizaciones, privatizaciones y concesiones en la década de 1990, los capitales extranjeros volvieron con participar de la oferta de capitales de riesgo y la absorción de deudas, característico de aquel entonces.

Solamente en el PND (Plan Nacional de Desestatización), el capital extranjero respondió por el 36,4% de los capitales aportados en el país. Si consideradas las inversiones en telecomunicaciones (alienaciones de empresas) y en las privatizaciones estaduales, la contribución del capital externo sobrepasa los 60% de participación.

En el momento actual, hay una potencial oportunidad para que se mezcle, a un solo tiempo, la “reinvención de la inversión pública” con la mayor participación del extranjero en la matriz de las inversiones en la infraestructura: la oportunidad de reciclaje de la formidable existencia de R$ 2 billones de recursos que giran en el mercado de fondos de inversión de todo tipo en el mercado de capitales.

Con la caída real de los intereses, la búsqueda por las aplicaciones de renta variable se volvió inapelable: principalmente para los fondos de pensión.

Los fondos de inversión tienen personalidad jurídica propia. La aplicación de los recursos por ellos captados tiene aplicación establecida por los Edictos de Captación y, gobernanza garantizada, hasta porque también necesitan “rating” para ser evaluados por las Comisiones de Inversión que recomiendan y aprueban la compra de participaciones o de cotas representativas del patrimonio que constituyen.

Barão de Mauá

De ser así, ¿por qué las Municipalidades o los Estados (o la misma Unión) no pueden hacer licitaciones vía AMBIMA, para que las instituciones habilitadas por CVM ofrezcan propuestas para captar y administrar hasta de manera segregada, para evitar conflictos de interés, Fondos de Inversión Patrocinados para la Infraestructura (FIP-IE-P), que serán aplicados a través de SPE creadas para esa exclusiva finalidad, recursos para formación de activos en carreteras, ferrocarriles, puertos, plantas de generación, transmisión y distribución de energía y gas, servicios públicos en las áreas de salud, educación y seguridad carcelaria o en reciclaje de residuos sólidos, cuyos perceptibles en la forma de retornos arancelarios o de contraprestaciones públicas garantirán el retorno de los recursos aplicados y la rentabilidad patrimonial necesaria para resguardar el patrimonio actuarial de aplicadores de fondos de pensión o de los condóminos de los fondos de inversión compuesto por ahorros individuales o empresariales?

Al final del ciclo de inversión generada, los activos formados son aportados como patrimonios públicos a las entidades federadas (o a la misma Unión) que patrocinaron la creación e institución, remunerando los aplicadores de sus cotas, que varían desde el pequeño ahorrador institucional (vía aplicación del FGTS), pasando por los ahorradores voluntarios de las empresas y los ahorradores individuales, así como por los inversionistas institucionales de los Fondos Soberanos o de los aplicadores del pretérito FUMPRESP, además de los rentistas quiénes están sin ganancias reales efectivas tras la lipoaspiración de los intereses reales.

Para el capital extranjero que aportar en el país comprando cotas de dichos fondos, hasta porque la retirada del principal o de eventuales “calls” durante el ciclo de inversión deben ser previamente pactados, la rentabilidad obtenida tras la carencia de las inversiones será exenta de IR. Y, cuando del rescate de la aplicación del principal inversionista, si las ganancias fueran reaplicadas en nuevos Fondos, no habrá IR en la fuente, para no grabar la nueva aplicación.

La mayor ventaja es la generación de inversiones sin grabar con deudas el patrimonio público, escaldado por el desorden fiscal de los años 1980. Además, la participación del sector público en los Fondos de Inversión Patrocinados puede darse mediante la compra de cotas (cuando hubiera ahorro fiscal primario para eso) y por la participación en el Consejo de Gestión de Fondos, mediante una cota o participación donada por los inversionistas de dichos fondos – sin grabación de cualquier manera, garantizada por acuerdo de inversionistas para garantizar el alcance de metas de inversión coadunadas con las políticas públicas existentes en cada una de las áreas de inversión consideradas.

(*) Saulo Krichanã Rodrigues es Economista, CEO de la empresa SK Estruturação de Concessões e Parcerias Público-Privadas Ltda.