Sector quiere soltar las amarras

Decreto presidencial trae aliento a inversionistas en el sistema portuario

La estructura portuaria brasileña, marcada por retrasos históricos que resultan en baja competitividad, consiguió una vitoria negada repetidas veces al modal vial. La Presidencia de la República firmó en el pasado mayo el Decreto 9.048 que permitirá desburocratizar y flexibilizar operaciones, concesiones y arrendamiento, abriendo nuevas puertas para la entrada de inversiones privadas.

Entre los cambios más esperados, el decreto permite la revisión del cronograma de inversiones obligatorias – objeto del deseo de las concesiones viales – por motivo "superveniente, desde que sea mantenida la ecuación económico-financiera original”. Con eso, las empresas podrán alegar que la crisis económica derribó la demanda de cargas y no justifica la realización de inversiones inmediatas.

Se trata, sin embargo, de una alegación difícil de sustentar, ya que de acuerdo con los datos divulgados por el Ministerio de Transportes, el sector portuario, ya en el 1er trimestre de este año, registró un crecimiento del 4,4% en el movimiento de cargas, en relación al 1er trimestre de 2016. Los demás modales, de acuerdo con el ministerio, también presentaron números positivos.

El nuevo marco regulatorio visa tornar el sistema más atractivo para nuevas concesiones, generando R$ 25 billones en inversiones. El Ministerio de los Transportes, Puertos y Aviación Civil, Maurício Quintella, afirmó, por ocasión de la firma del documento, como principales puntos positivos, la ampliación de los plazos contractuales. Uno de los ejemplos es la ampliación del tiempo de concesiones y arrendamientos portuarios de 25 para 35 años, con la posibilidad de renovación, lo que puede totalizar 70 años.

El nuevo decreto permite la realización de inversiones por los arrendatarios en áreas comunes del puerto, que antes eran exclusivas al poder concedente (dragado, muelle, accesos terrestres); desburocratización y simplificación de los procesos de otorga e inversiones; fin de la obligatoriedad de garantías para el proyecto y ejecución de emprendimientos de terminales privados (TUPs); y retirada de la restricción del 25% para ampliación de los TUPs.

Ya para los terminales arrendados, hubo progresos en la posibilidad de adaptación de los actuales arrendatarios a los nuevos plazos; posibilidad de reasignación de áreas arrendadas dentro de los puertos organizados, así como las posibilidad de inversiones en infraestructuras de uso común con anticipación de recetas de tarifas.

“Vamos desobstruir las autorizaciones para nuevos terminales. El tiempo de tramitación en la actualidad llega a tres años para autorizar nuevas inversiones. Con el decreto, esperamos que ese plazo sea reducido para 180 días”, dijo Quintela. El decreto aun facilita la expansión del área de los terminales de uso privado (TUPs), sin la necesidad de nuevos contractos.

Quintella dijo, además, que allá de reglamentar mecanismos para inversiones privadas, el decreto hará posible anticipar recetas y reequilibrar contratos. “Promocionaremos la competencia, garantizando la seguridad jurídica a la celebración de los contratos, de forma a quedar alineados con las prácticas modernas de los países desarrollados”, acrecentó.